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Cumplo con la obligación de dar cuenta a la comunidad universitaria sobre la marcha de la institución, examinando los resultados del último año e indicando las tareas que tenemos que enfrentar para asegurar a la Universidad de Chile los cambios que precisa para consolidar un futuro exitoso. Deseo señalar desde el inicio de esta cuenta la importancia que le asigno a mantener la institución cohesionada fuertemente en momentos muy álgidos para el país, y especialmente en vistas a las tendencias observadas en cuanto al desarrollo experimentado por el sistema de educación superior, que son intranquilizantes al darse en un marco de descontrol y de desincentivo a la formación universitaria de calidad. Observamos amenazas y oportunidades que no podemos dejar pasar en la pretensión de aspirar a normas excepcionales o de solamente concentrarnos en una protesta en la que nos hemos comprometido por más de una década debido a nuestra insatisfacción frente a la política pública, pero que no ha evidenciado resultados de ningún tipo. No obstante ello, es menester sostener un progreso sostenible en nuestra labor universitaria y con adecuadas políticas para el mejor hacer de la institución en su gestión interna, pero es también indispensable un cambio urgente en las políticas que se nos aplican, y que están causando severos desórdenes en nuestra vida institucional y una sensible pérdida en cuanto al rol nacional y público que corresponde a la Universidad de Chile. Esto lo hemos planteado en forma reiterada al Gobierno, quien ha dispuesto además una adecuada interrelación con el Congreso Nacional, para fijar un curso de acción basado en definiciones consensuadas.

La marcha de la institución

En materia de Pregrado e ingreso a la Universidad

Nuestra Universidad ha enfrentado con singular éxito el imperativo de mejoras sensibles en cuanto a la captación de los mejores estudiantes para los primeros años. Los datos revelan que el puntaje promedio de ingreso a la Universidad de Chile ha venido elevándose notoriamente en los últimos años, reduciendo significativamente, a un valor estadísticamente nulo, el diferencial que prevalecía, por ejemplo en 1998, con respecto a la principal institución de la competencia. Es importante señalar que, si estimamos un similar número de estudiantes admitidos, nuestros puntajes promedio se elevan por encima del resto de las instituciones, indicador que también ha estado creciendo sistemáticamente en el tiempo. Por lo demás, si se examinan las preferencias por universidad de aquellos postulantes con más de 700 puntos promedio en la paa en el año 2003, resulta que la Universidad de Chile encabeza el ranking con un 28% de preferencias. Tenemos el lugar más destacado en cuanto a atraer los mejores estudiantes del sistema municipalizado (62,5% de los puntajes nacionales), reforzando así nuestra vocación de constituir la primera institución de la educación pública chilena.

En el exitoso proceso de expansión de nuestros puntajes de ingreso en los últimos años han jugado un rol muy importante los programas de difusión a nivel central, como asimismo los que implementa cada Facultad, y que están destinados a acercarnos a los establecimientos de enseñanza media y hacer interesante la perspectiva de estudiar en nuestra Universidad a jóvenes que buscan excelencia académica con espacios de libertad para su desarrollo espiritual e intelectual. El Programa Encuentro con la Universidad ha traído a nuestra Casa Central a más de 12.000 estudiantes de la enseñanza media durante el año 2002, provenientes de más de 200 colegios de este nivel. Asimismo, la jornada de orientación al postulante convocó a más de 11.000 personas, convirtiéndose en otra forma de atraerlos proactivamente hacia nuestra institución. Me parece indispensable continuar con un activo plan de vinculación con los postulantes potenciales, especialmente identificando los colegios que resultan más relevantes para atraer el mejor contingente posible de estudiantes de todos los tipos de establecimientos educacionales, sean estos municipales, subvencionados o particulares.

Nuestro mundo natural de identificación como institución es la educación media pública, la cual por razones de calidad formativa se encuentra significativamente en desventaja en la competencia por ingreso a las instituciones universitarias de mayor excelencia. Uno de los ánimos más importantes que debe privilegiar la Universidad de Chile en nuestra sociedad es la movilidad social, tarea que se encuentra limitada por el actual insuficiente desarrollo de la educación municipalizada. Es por eso que creemos que un paso importante sería el apoyar la mejoría en calidad de la enseñanza municipalizada, de manera que los mejores estudiantes de este segmento estén en condiciones de ser aceptados en la Universidad de Chile, con lo cual se honraría más nuestro papel como institución pública y daría preponderancia a la movilidad social que debe ser un innegable resultado educacional. Por esa razón, conjuntamente con el Instituto Nacional estamos auspiciando la realización de las Jornadas Nacionales de la Educación Pública a efectuarse en octubre de este año, destinadas a definir estrategias para el mejoramiento de la calidad de la educación del Estado.

Nuestra dedicación a los estudiantes de pregrado, en términos de tiempo académico y calidad de nuestro trabajo, resulta ser un elemento fundamental en el que debemos comprometernos todos, independientemente de nuestra carga en cuanto a posgrados e investigación y extensión. El pregrado constituye una prioridad muy importante, ya que él mismo será la base para el desarrollo de posgrados del nivel y efectividad que la institución busca y de una investigación acorde con las demandas de estos últimos años. Todas las Facultades deben poner énfasis en la evaluación de la calidad de la docencia, multiplicando sus esfuerzos por optimizar la carga docente, elevar las exigencias y reestructurar los organismos académicos en la forma que sea procedente para mejorar nuestra organización en esta área. Todos debemos poner nuestros mejores esfuerzos en seguir elevando los puntajes de ingreso a nuestra institución. Para este propósito resulta de particular importancia que se evalúe la situación de cada carrera ofrecida por nuestra Universidad, y que cada unidad académica emprenda las acciones que crea más convenientes para mejorar su situación relativa en el medio.

La Universidad de Chile tiene como organismo dependiente el Liceo Manuel de Salas, establecimiento que ha sido reincorporado a la institución por decisión de los organismos pertinentes del Estado. Este hecho envuelve la gran responsabilidad de devolver al colegio tradicional de la Universidad, la calidad académica que requiere para fortalecer su vinculación activa y aportar al reconocimiento generalizado que por tradición tiene en la ciudadanía. Por ello, estamos haciendo los mayores esfuerzos por acelerar los cambios que el Liceo necesita en la dirección de cumplir con los mejores estándares de calidad y eficiencia escolar, especialmente por medio de un exigente proceso de autoevaluación y capacitación docente. Varias de nuestras Escuelas y Centros Académicos ya han ejecutado acciones concretas en la tarea de sacar adelante el progreso en excelencia académica del Liceo Experimental Manuel de Salas. Llamo a nuestra comunidad a seguir esos pasos, ya que la adscripción del Liceo a la Universidad es un proceso que debe acotarse en sus alcances temporales, y porque tenemos grandes esperanzas puestas en el objetivo de conquistar los niveles requeridos en materia de calidad que respalden una vinculación activa entre Liceo y Universidad.

En materia de Investigación

En Investigación se ha seguido progresando de manera muy sostenida en los resultados de los diversos sistemas concursables de proyectos. Asimismo, hemos experimentado un avance importante en publicaciones isi, lo cual refleja nuestro liderazgo indiscutible en este campo. Al igual que años anteriores, numerosos académicos de esta institución han sido favorecidos con la adjudicación de fondos tradicionales de fomento a la investigación científica nacional, FONDECYT. El promedio de participación en los últimos 10 años ha sido de alrededor de un 30%, porcentaje también logrado en el 2002 con un total de 96 proyectos adjudicados que se agregan a los que se encuentran en ejecución, alcanzando un total de 265 proyectos en curso. En otros concursos de conicyt se obtiene además una destacada vigencia, tales como los de Líneas Complementarias, con 6 proyectos; Cooperación Internacional, con 53 convenios vigentes; 2 proyectos Explora y otros convenios de colaboración internacional (ECOS Francia, cnrs Francia, etc.).

Por otra parte, la Universidad ha obtenido participación muy destacada en grandes proyectos de transferencia tecnológica e infraestructura científica en concursos como fondef, en el cual se lograron 9 proyectos que se agregan a los que se encuentran en ejecución, totalizándose con el año pasado 22 proyectos. En relación a los proyectos fondap se puede destacar que 4 de los 7 proyectos existentes en el país en el año 2002 están a cargo de investigadores de nuestra Universidad, mientras que, a su vez, uno de los 3 Institutos Milenio y 6 de los 10 Núcleos de la Iniciativa Científica Milenio (MIDEPLAN) que han sido aprobados en el país, son también de responsabilidad de académicos de la Institución. En el caso de otras fuentes de financiamiento nacionales, la Universidad de Chile ha mantenido durante el año 2002 proyectos activos en el Instituto Nacional Antártico (INACH), CODELCO, Fundación Andes y otros organismos de reconocida importancia. En suma, nuestra Universidad conduce actualmente más de 360 proyectos correspondientes al sistema nacional de investigación. Este alto número de iniciativas reflejan la dinámica de nuestra institución en este campo, la dedicación de nuestros académicos al trabajo de investigación, y se corresponde con los más de 800 proyectos de tipo nacional que nuestra Universidad estaba efectuando durante el año 2002.

En cuanto a los resultados del trabajo de investigación, el índice de publicaciones isi refleja de un modo adecuado nuestros esfuerzos y el liderazgo en el sistema. Así, el índice de publicaciones en revistas de corriente principal nos asigna un destacado primer lugar, puesto que el 36% de todas las publicaciones isi del país son generadas por académicos de esta Universidad. Aunque este indicador general revela nuestra posición a la cabeza del sistema, nos preocupa la significativa distancia que a tal respecto existe entre distintas unidades académicas de la Universidad de Chile. Ciertamente esta situación se relaciona con lo apropiado o no que pueda resultar el indicador isi para poner de relieve el trabajo en muchas áreas disciplinarias, como asimismo en cuanto a ser indicativo del enfoque nacional que debe revestir una parte importante de nuestro trabajo de investigación. Es preciso avanzar en la constitución de indicadores que aporten mayor información sobre publicaciones que no califican necesariamente para los criterios isi, pero que pueden ser, sin embargo, importantes en el marco del rol nacional de nuestra institución, y su asociada responsabilidad por generar conocimiento sobre nuestras prioridades de país, independientemente de su elegibilidad para publicaciones internacionales. La última reunión realizada sobre indicadores de gestión académica, en enero de este año, subrayó esta necesidad y la importancia de trabajar en la generación de indicadores más diversificados sobre la productividad de nuestra investigación.

La política de apoyo a académicos jóvenes enmarcada en los lineamientos estratégicos de la Universidad, ha continuado dando lugar a una actividad destacable, ofreciendo recursos dirigidos a académicos que han logrado recientemente posgrados en orden a promover su investigación y otorgarles mayores facilidades para su posterior inserción en fondecyt y/o en otras oportunidades de financiamiento concursable. Es así que en el año 2002 el Departamento de Investigación y Desarrollo de nuestra Universidad aprobó 10 proyectos de Iniciación, los que sumados a los que se encuentran en curso determina 22 proyectos vigentes, a lo que se ha asignado más de $ 86 millones.

Por otra parte, especial dedicación se ha otorgado a promover la investigación participativa y multidisciplinaria dirigida a dar respuesta a problemas de interés nacional, iniciativa que contó con un aporte especial de $100 millones al fondo de investigación, monto establecido tras el Primer Encuentro de Investigación. Esto ha permitido generar algunas iniciativas como ofrecer nuevos llamados a Concursos de investigación e invitación a Talleres para preparación de propuestas de investigación multidisciplinarias en temas que se han definido como de Interés Nacional. Algunos de estos Talleres han dado interesantes frutos: por ejemplo, se ha generado un Programa Interdisciplinario de Estudios en Biodiversidad, en el cual participan destacados investigadores de diferentes Facultades e Institutos de nuestra Corporación. Otros temas que han merecido alta atención para generar propuestas de mayor envergadura son los relacionados a Salud del Niño, Cultura, Educación y Desarrollo, Etnias Indígenas, entre otros. Se espera contar con propuestas de investigación que posteriormente con nuestro apoyo institucional puedan ser ubicadas para su financiamiento en las agencias nacionales o internacionales que correspondan.

>Estamos esperanzados en los actuales esfuerzos del Gobierno para lograr financiamiento para inversiones en equipamiento mayor de investigación. Como sabemos, una de las mayores limitantes de nuestro sistema es la poca disponibilidad de recursos de inversión en equipamiento, lo cual debilita sensiblemente la capacidad de desarrollo en la creación de nuevo conocimiento. Por desgracia el impulso que se pensaba dar a esta prioridad desde el Gobierno se ha venido debilitando como producto de la situación fiscal prevaleciente. La institución ha sostenido permanentemente la necesidad de incrementar los recursos para investigación científica y tecnológica, como asimismo para apoyar en forma explícita a las humanidades y ciencias sociales. También hemos sostenido que debe existir un cambio fundamental en materia de financiamiento universitario, definiendo nuevos instrumentos que permitan construir un sistema nacional de financiamiento dirigido hacia las universidades complejas, y comprometido en una gestión eficiente que enfatice la obtención de resultados objetivos. No han existido iniciativas de fondo a este respecto, y hemos hecho presente a la actual autoridad ministerial la necesidad de considerar prioritariamente este aspecto en el actual esfuerzo por definir un plan de reforma en materia de educación superior. En lo interno, la formalización de nuestra Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo constituye un elemento indispensable para seguir promoviendo un trabajo efectivo en este ámbito, pero también para marcar la debida presencia en iniciativas nacionales como la mencionada, destinadas a mejorar nuestra infraestructura de investigación. Queremos que esta Vicerrectoría se concentre en materias de patentes y propiedad intelectual, como asimismo apoyar la gestión de las unidades en cuanto a las vinculaciones activas con el mundo productivo, sin dejar de lado la coordinación de la investigación a nivel de los indicadores del sistema, ni la entrega de recursos por vía concursable para que en lo interno se promuevan políticas de estímulo consecuentes con los lineamientos estratégicos de la institución.

En materia de Postgrado

Como señalan claramente nuestros lineamientos estratégicos, la Universidad de Chile debe fortalecer con ahínco su trabajo en materia de posgrado, una definición que refleja un posicionamiento estratégico de primera línea. La alta generación de ofertas de doctorado –que acumula un total de 29 programas vigentes acreditadas– revela un notable esfuerzo institucional en la dirección deseada y pone de manifiesto nuestra fuerte ventaja comparativa en este campo. La calidad de nuestro trabajo en esta materia se refleja en la acreditación del 100% de los programas enviados a conap; aspecto que es de vital trascendencia, ya que la expansión cuantitativa del sistema universitario no ha ido en general acompañada de criterios que acentúen el desarrollo de programas de calidad, por lo que nuestra posición se ha enmarcado en requerir un indispensable y exigente sistema de acreditación. También debo destacar que nuestros estudiantes obtienen más del 43% de las becas de doctorado y 34% de las becas de magíster que otorga CONICYT, resultados que son también apoyados por el Fondo Central de Becas para Maestrías y Doctorados, el cual distribuye más de $ 609 millones en las distintas unidades académicas, las cuales en su gran mayoría realizan además aportes específicos en apoyo a sus respectivos programas. El esfuerzo en materia de posgrados debe ser sostenido para poder ubicar a la Universidad de Chile en el contexto de su más clara ventaja en el sistema, como es la realización de programas que requieren de una fuerte base en investigación y de una reconocida excelencia académica. El reciente Encuentro de Posgrado analizó varios de los problemas pendientes en este campo, especialmente aquellos que dicen relación con su administración, la vinculación con la investigación, y el desarrollo de líneas complementarias. Todo esto adquiere aún mayor trascendencia considerando la decisión de CONICYT en orden a seguir apoyando los sistemas de becas para programas de excelencia.

El esfuerzo de la institución en materia de posgrado ha recibido durante el año 2002 dos importantes muestras de reconocimiento internacional. Por una parte, la Universidad de Chile accedió a un fondo de un millón de dólares provisto por un programa colaborativo entre la Fundación Nippon y la Fundación Tokyo, con lo cual se financiarán los estudios de jóvenes estudiantes con potencial de liderazgo en las Ciencias Sociales y las Humanidades. Asimismo, la Comunidad Europea eligió a la Universidad de Chile como “Punto Focal” para crear y encabezar una red nacional de difusión y apoyo al programa alban, o becas de la Unión Europea para Posgrados de Alto Nivel. Sumado a nuestro éxito en materia de acreditación y en cuanto a la obtención de becas nacionales para nuestros posgrados, estos dos logros son importantes antecedentes en cuanto al desarrollo logrado en esta área.

En materia de fondos concursables mecesup 2002 para posgrado, la Universidad de Chile se mantuvo sobre el 30% del total concursado en el sistema. Esto revela la calidad de nuestros proyectos en este ámbito y la necesidad de seguir ampliando nuestra cobertura en el ámbito disciplinario y diversificación de programas en lo interdisciplinario. Las mismas cifras, sin embargo, en materia de pregrado, llaman la atención sobre la necesidad de reforzar efectivamente la presentación de proyectos de calidad en ámbitos tan importantes como la reforma del pregrado en que nos encontramos comprometidos. Es importante señalar que, aparentemente, el tardío llamado que se hará para el Concurso MECESUP que correspondía a este año 2003, se debe también a los problemas de financiamiento existentes, por lo que los desembolsos se efectuarán sólo durante el año 2004. Hemos hecho presente a la autoridad ministerial que, considerando el positivo impacto del financiamiento mecesup en los programas de inversión, sería en extremo beneficioso que se iniciara durante el año 2004 la negociación sobre la continuidad de este sistema en una segunda etapa.

En materia de apoyo a nuestros estudiantes

En materia de apoyo a nuestros estudiantes, el esfuerzo ha estado dirigido a disminuir sustancialmente los déficits de ayuda solidaria que prevalecen en el sistema de educación superior, producto de la ausencia de iniciativas de Estado en la materia.

Como hemos comentado en otras oportunidades, pareciera ser ésta un área que no competiera al Estado chileno, el cual solamente parece obligarse a proveer una débil base de financiamiento llamado “solidario”, pero que en el fondo no hace más que proveer recursos para el pago de aranceles a una proporción reducida de los estudiantes en verdadera necesidad económica. En consecuencia, son las propias instituciones universitarias las que han debido, por una parte, suplementar el fondo de crédito solidario con sus propios recursos (usualmente desviados de las tareas de docencia, investigación y extensión) y, por otra, proveer recursos adicionales para sostener los programas de ayuda socioeconómica más básica a nuestro estudiantado. En el año 2002, por ejemplo, la Universidad de Chile asignó alrededor de $ 600 millones en el presupuesto universitario para cubrir gastos del semda, de los programas de Hogares Universitarios, de apoyo a Programas Preescolares y Deportivos. Esta cantidad es significativa, pero ciertamente no alcanza a cubrir ni con mucho la totalidad de las demandas efectivas que prevalecen en este campo, y que están además dominadas por un significativo rezago en el tiempo. De allí que muchas veces el conflicto con los estudiantes se dirija a las instancias internas, aunque el origen real de los problemas se encuentra en el actual insuficiente esquema de financiamiento estudiantil con que cuenta el país.

El aumento sustancial que se ha otorgado al financiamiento de estos programas durante los tres últimos años evidencia la preocupación de nuestra Universidad por las necesidades de los jóvenes. Más aún, el incremento real otorgado al Programa de Atención Económica, pae, para los estudiantes ha sido significativo, más que duplicando en el año 2002 los recursos que se consultaban en 1998. Este ítem alcanza este año un gasto estimado en poco más de $1.300 millones, lo cual se une al gasto anteriormente mencionado en Hogares y otros programas. Es decir, sólo en estos dos conjuntos de programas la Universidad dedica más de $1.900 millones a sus estudiantes, cifra a la que se deben agregar los diversos programas de becas financiados por la propia institución. La Beca Universidad de Chile, por ejemplo, financia cada año 100 nuevos estudiantes y lo hace durante toda su carrera, encontrando resultados exitosos en cuanto al porcentaje de puntajes nacionales cubiertos y retenidos en función de esta iniciativa. En la actualidad, cerca de 500 estudiantes se encuentran favorecidos por la cobertura de esta beca. La mayoría de las Facultades, por otra parte, consulta la entrega de becas con financiamiento diverso, pero en general apoyando las necesidades existentes y la excelencia de nuestros estudiantes.

Nos sentimos orgullosos por el esfuerzo que hemos dedicado a esta materia y los logros que se han encontrado, pero estamos muy preocupados por la enorme extensión del problema de asistencia socio-económica a los estudiantes, y la falta de preocupación activa por parte del Estado y de la política pública con respecto al mismo. Sabemos que esto no es totalmente suficiente, especialmente en el marco de la diversidad social y de excelencia académica que debe promover la institución. Es necesario que el Estado defina una política efectivamente solidaria y de cobertura suficiente a este respecto, una necesidad que año a año se hace evidente en medio de las protestas estudiantiles y las crisis financieras que experimentan las universidades que deben enfrentar el problema.

En materia de Fondo de Crédito Solidario, apreciamos que no existe una solución al problema estructural que el sistema vive.

Por una parte, él mismo no se puede financiar en el largo plazo sobre la base de los flujos que proporciona el retorno de los créditos. Por otra parte, el sistema es inviable si no existen políticas de ayuda efectivamente solidarias, que respalden a los estudiantes más pobres en un sentido efectivamente solidario y sobre bases equitativas. Las iniciativas del Gobierno se han dirigido a proveer con crédito a las instituciones privadas, pero sin solucionar el enorme déficit que año a año presentan las Universidades del Consejo de Rectores. Los esfuerzos que estamos haciendo para recuperar crédito otorgado con anterioridad, –y que nos ponen como una de las Universidades que presentan mayor porcentaje de recuperación–, no lograrán solventar adecuadamente las necesidades de financiamiento que ya este año significaron para nuestra institución un déficit poco más de $ 600 millones. Es fundamental que el Estado postule una solución más de fondo en esta materia, si efectivamente el país se dispone a cumplir la afirmación que ningún estudiante capaz quedará fuera de una educación superior de calidad por razones de ingreso.

En materia financiera

Los ingresos operacionales de la Universidad de Chile durante el año 2002 alcanzaron aproximadamente $160.000 millones. Esta cifra significó un incremento real de más de 16% respecto del año 2001, y de más de 40% respecto a la situación en que nos encontrábamos en el año 1998. Este significativo aumento en los ingresos se asocia en forma importante a la expansión de la venta de bienes y servicios en más de 40% entre el año 2001 y el 2002, lo cual, a su vez, se origina fundamentalmente en la actividad de nuestro Hospital Clínico. Por otra parte, los ingresos por aranceles aumentaron en 6,1% entre ambos años (incluyendo pre y posgrados), mientras que el financiamiento público y fiscal, en el conjunto, creció sólo un poco por encima del 2%. A su vez, la recaudación propia del Fondo Solidario cayó en 11% en el año 2002, en forma directamente asociada a la situación económica prevaleciente en el país. Así, una observación general que resulta pertinente es que no tiene ninguna relación el crecimiento del aporte del Estado con aquél que logramos con nuestro propio esfuerzo de venta de servicios y el cobro a los estudiantes.

El esfuerzo de generación de ingresos propios se refleja principalmente, como señalaba, en la consolidación lograda por nuestro Hospital Clínico, que ha abierto tres centro médicos en Santiago, cuatro tomas de Muestras de Exámenes de Laboratorio y dos oficinas médico-comerciales fuera de Santiago, y está actualmente en una fase de expansión de sus actividades en el ex Hospital Ferroviario en Valparaíso. Por otra parte, el Hospital ha invertido en aumento de pabellones, nuevas áreas de cuidados intensivos y recuperación, los más modernos equipos de imagenología, etc., todo ello sin recursos adicionales del Estado ni carga sobre el presupuesto ordinario, sino basados en los propios flujos de retorno de los proyectos. Asimismo, la Universidad ha logrado una importante actividad en el campo de la ciencia y la tecnología, áreas donde se ha facturado por un monto superior a los US $ 18 millones, mientras que los programas de educación continua y de capacitación ocupacional generaron aproximadamente otros $ 6.000 millones. Esto pone de relieve el esfuerzo que algunas autoridades gubernamentales desconocen, pero que se enmarcan en el ánimo de las políticas vigentes en cuanto a una progresiva privatización de la Universidad, realidad crítica que muchos felicitan en aparente desconocimiento y falta de voluntad de lo que debería constituir el centro de actividad de una Universidad nacional y pública como la nuestra.

Los avances en materia de ingresos no puede considerarse un logro sin tomar en cuenta algunos significativos costos que ello va generando para la institución. En primer lugar, participamos en un sistema altamente selectivo por la vía de los ingresos de nuestros estudiantes, lo cual coarta cada vez más la diversidad que debe caracterizar a la Universidad de Chile desde el punto de vista de la composición socioeconómica de los estudiantes. Este sistema de financiamiento, además, introduce conflictos permanentes cada vez que, por razones legítimas de costo, los aranceles son elevados para así no incurrir en un desequilibrio en las cuentas universitarias. Por otra parte, la generación de ingresos propios por la vía de la venta de servicios, que es tan indispensable para nuestra sobrevivencia, contradice en reiteradas ocasiones nuestros lineamientos académicos de desarrollo y nuestro rol como institución nacional y pública. Es decir, las fuentes principales de ingreso muestran flancos que decididamente se convierten en debilidades institucionales que sólo un giro decidido en la política estatal podría cambiar.

Si se excluyen los aportes destinados a proyectos (que son fondos competitivos en todo caso) el aporte del Estado en nuestro presupuesto alcanza a un 23%, mientras que el Aporte Fiscal Directo se eleva apenas por sobre el 13% del mismo. Como indicaré más adelante, esta situación se hace insostenible, tanto desde un punto de vista meramente procedimental al realizarse en un marco de reglas rígidas que nos colocan en desventaja frente a otras instituciones, como en cuanto al tipo de universidad que se diseña aplicando una política definida hace más de 20 años y que no se desea cambiar en función de prioridades distintas a la visión economicista que la misma envuelve.

En materia de planta física, la Universidad ha proseguido en la política de inversión en mejoramiento y ampliación de la misma, en el contexto de los proyectos académicos que llevan adelante las distintas unidades académicas. Se trata de inversiones necesarias y cuyo retraso por muchos años ha actuado como dique de contención de la necesaria innovación y expansión de nuestro trabajo, además de convertirse en una grave dificultad para atraer y atender adecuadamente las necesidades de nuestros estudiantes. Estas inversiones se han financiado principalmente con reconversión de activos universitarios, con lo cual los mismos pasan a tener una importante revalorización. Pero además, se ha contado con el acceso a fondos competitivos como los Programas mecesup y fondap, que han provisto recursos importantes basado en los proyectos académicos que han sido capaces de elaborar y conducir nuestras Facultades. Finalmente, una tercera fuente ha sido el propio presupuesto universitario, que en forma proporcionalmente menor a las anteriores dos fuentes ha contribuido, tanto con cargo al presupuesto de los organismos como del propio Fondo General, a la inversión que la institución ha incorporado en sus programas.

Durante el año reciente hemos inaugurado el segundo edificio de la Facultad de Odontología en la Sede Olivos, cuyo financiamiento contó con una sustantiva donación por parte de un ex profesor de la Facultad. También se inauguró el edificio del Proyecto Milenio en Biología Celular en el Campus Juan Gómez Millas, y más recientemente el Centro Recreacional y Vacacional Dr. Enrique Paris, en la localidad de El Quisco, que se ha entregado a la administración de Bienestar del Personal, contando con facilidades de excelente nivel para nuestros funcionarios y académicos. Asimismo, en el período se han inaugurado la nueva Biblioteca de la Facultad de Medicina, que contó con financiamiento mecesup, como asimismo de la transformación de activos de la propia Facultad; el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas, también financiada con proyectos MECESUP; y nuevas remodelaciones del Hospital Clínico de la Universidad financiadas con el propio presupuesto de la institución.

Proseguiremos con el Plan de infraestructura en el que nos encontramos comprometidos y que debe tener resultados visibles dentro de los próximos tres años de esta administración. Este Plan continúa con las siguientes iniciativas: Construcción del edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; construcción de un edificio de aulas para la escuela de Gobierno y Gestión Pública; traslado de la sede Vicuña Mackenna de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas a un nuevo edificio en el Campus Norte; construcción de un edificio de aulas para la escuela de Derecho; finalización del edificio de Ingeniería Civil y Geofísica en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, incluido en el programa de autoevaluación institucional; Plan de instalación de la Radio de la Universidad de Chile, del Centro de Extensión Artístico y Cultural Domingo Santa Cruz y del Coro de la Universidad de Chile, en el Campus Andrés Bello, en el contexto del programa de consolidación de Campus que se ha iniciado hace cuatro años; Plan de reestructuración y edificación en el Campus Juan Gómez Millas, especialmente en cuanto a nuevas aulas para la Facultad de Filosofía y Humanidades, término del edificio de Bachillerato, actualización de la infraestructura de la Facultad de Ciencias y Obras de renovación en las Facultades de Artes y de Ciencias Sociales; Estudio y Avance en la ubicación y nueva Planta de las Facultades del campus Sur y del INTA. Todo esto se une a las obras de infraestructura básica que se llevarán a cabo en laguna Carén, destinadas a la instalación del Parque Científico y Campus Universitario, proyecto que empezará a concretarse una vez terminadas las obras de la Costanera Norte a fines del año 2004.

Todas estas iniciativas serán examinadas en función del mérito de cada proyecto, destacando el interés de la institución por subrayar el esencial componente académico que debe ser el verdadero corazón de cada iniciativa de inversión. Varias de ellas se encuentran ya en marcha, y la Vicerrectoría de Economía y Gestión Institucional está trabajando en los modelos de financiamiento que se aplicarán. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el año 2005 nos vea con una planta física renovada, atractiva y adecuada a la excelencia del trabajo que desarrollamos en docencia e investigación. Como sabemos, este esfuerzo es parte indispensable en el progreso en nuestras líneas de desarrollo estratégico, ya que cualquier posicionamiento que busquemos para nuestra Universidad debe considerar prioritariamente la necesidad de contar con una adecuada infraestructura.

Retos específicos

En asuntos académicos

El examen anterior acerca de nuestros logros durante el año 2002 nos llena de satisfacción en sus aspectos generales. La tarea consiste no sólo en mantener el ritmo de progreso que hemos señalado en materia de docencia y de investigación, sino en acrecentarlos de manera visible. Especialmente importante es avanzar más en la reforma integral del pregrado que debe concretarse en su fase inicial de operación el año 2005. Esta iniciativa ha experimentado avances sustantivos en cuanto a la instauración de cursos de tipo transversal, pero precisa pasos decisivos en materia de definición de los cursos y actividades que caracterizarán a la nueva organización, así como los requerimientos que impondrá al sistema de ingreso a la Universidad. Me parece factible que la Universidad pueda concretar la reforma propuesta el año 2005, y que en el intertanto avancemos en las definiciones que se precisan, así como en la mayor extensión de los cursos transversales que se han venido iniciando. Es también fundamental seguir innovando en cuanto a posgrado, especialmente en lo que concierne a la creación y acreditación de nuevos programas doctorales interdisciplinarios, como asimismo revisando nuestra oferta de programas de postítulo y de magíster para hacerla consonante con el principio de calidad que estamos sosteniendo. Los avances que hemos ido logrando en materia de acreditación son también importantes, ya que se ha ido alcanzando una destacada cobertura en distintas carreras y unidades académicas, proceso que debe seguir adelante con todo nuestro empeño, puesto que es estratégico para nuestra Universidad que el sistema universitario consolide un proceso de acreditación que garantice un desarrollo sobre la base de parámetros de calidad. A este respecto anuncio que nuestra Universidad ha aceptado formar parte de un proceso de acreditación institucional que se implantará de modo experimental, aunque hemos sido críticos respecto de aspectos procedimentales y de fondo. Creemos que avanzar en esta materia es de crucial importancia para la institución, por lo que llamo a enfatizar el proceso de autoevaluación de los cincuenta programas de magíster en que estamos empeñados, aplicando criterios de excelencia y preparando la acreditación formal de los mismos. Felicito a las carreras que han impulsado con decisión avances en esta materia de tanta importancia para nuestra Universidad y el sistema de educación superior, destacando los casos de Agronomía, Medicina, Arquitectura y Derecho.

Dentro de las tareas que considero imprescindible en materia académica, se encuentra aquella vinculada a la necesidad de concretar las iniciativas universitarias en materia de educación y formación de profesores. Como sabemos, la Facultad de Filosofía y Humanidades ha emprendido desde hace algunos años una esforzada y bien reconocida labor en materia formativa en este ámbito, mientras el Departamento de Educación en la Facultad de Ciencias Sociales ha desarrollado varios programas de posgrado y postítulo y ha desempeñado una tarea importante en materia de investigación. Al retorno del Liceo Manuel de Salas a nuestra institución, se ha sumado una nueva iniciativa de la Facultad de Ciencias destinada a la formación de profesores de Matemáticas y Física, uniéndose así a otras iniciativas que en la materia existen en diversas facultades. Es decir, los ánimos de la Universidad de Chile se encuentran en el ámbito de las tareas de formación pedagógica e investigación en educación, áreas ambas que constituyen una notoria necesidad de país a la que tenemos que contribuir en forma coherente y con sentido de misión institucional. Las iniciativas para estructurar un Instituto de Ciencias de la Educación han existido, pero no han logrado constituir una base de discusión y encuentro a nivel de la institución como un todo. Por ello, encargo a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos constituir un grupo de trabajo en esta materia que a más tardar en junio del 2004 tenga una propuesta que la Universidad pueda considerar en esta materia, y que aborde en forma satisfactoria el amplio sentir que prevalece en la institución respecto de nuestro compromiso con la educación chilena. La propuesta a ser elaborada debe comprender una descripción de los programas que se generarán, los grados a que conducirán, las líneas de investigación que se generarán y los planes de colaboración que se precisen como asimismo los cronogramas y financiamientos requeridos para garantizar éxito en la iniciativa.

En materia de investigación

En general, los resultados académicos en cuanto a investigación son satisfactorios, medidos por proyectos financiados y publicaciones clasificadas. Sin embargo, estos resultados también ocultan una significativa varianza al considerar las diversas unidades académicas, y aún considerando el hecho que la producción clasificada isi no refleja adecuadamente el quehacer de muchas áreas relevantes de nuestro trabajo. En nuestra reciente reunión de evaluación sobre los indicadores de gestión académica, concluimos que existía una gran disimilitud entre organismos académicos en el trabajo de investigación que se efectúa, o al menos el que se reporta. Aquí es fundamental que las Facultades e Institutos formulen una estrategia para aumentar el cumplimiento en el trabajo de investigación allí donde no se esté desarrollando adecuadamente; en este sentido, el trabajo de revisión sobre el proceso de calificación académica y el cumplimiento con los estándares a que obliga la carrera académica, en cualquiera de sus dos actuales vertientes, es fundamental y debe considerarse una responsabilidad directiva. Lo mismo con el involucramiento de los profesores en la docencia de posgrado, que constituye una obligación de enorme importancia para sostener nuestro esquema de desarrollo universitario, estableciendo un área en que nuestra preeminencia debe ser indiscutible.

En materia de investigación, encargo a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo que se implemente un sistema de información que dé cuenta de todas las actividades de investigación que se lleven a cabo en la Universidad, la cual será utilizada como base de datos para los procesos de calificación y evaluación académicas, además de los otros que correspondan. Para fines del año 2004, junto a este sistema y el inicio de su fase de implementación, la Vicerrectoría también dará a conocer una propuesta definitiva sobre incentivos para la investigación y una reglamentación específica y expedita que facilite la adquisición de patentes vinculadas a la producción científica y tecnológica de nuestra Universidad.

En cuanto a planta física

En materia de planta física, ya he enunciado el programa que nos proponemos cumplir, el cual se ha discutido y espera solamente la adopción de las decisiones específicas pertinentes. Debe notarse que si se completa este ambicioso programa, estaremos, en el conjunto, satisfaciendo alrededor de tres cuartas partes del déficit de inversión que medimos el año 1998, poniendo así a la Universidad de Chile en muchas mejores condiciones para atraer los estudiantes que buscamos para integrarlos a nuestras aulas. El Vicerrector de Economía y Gestión Institucional ha dado a conocer el Programa de Inversiones para los próximos años, indicando también los mecanismos de financiamiento, el que ha sido considerado por el Consejo Universitario y por la Comisión de Financiamiento del Senado Académico. He solicitado que ese documento sea puesto a disposición de la comunidad universitaria, para así explicitar en forma definitiva el programa a desarrollarse en los próximos meses y años.

En materia de personal

Un déficit que detectamos en el desempeño universitario se refiere a la necesidad de ordenar plantas de personal y adoptar nuevas definiciones que nos permitan un ordenamiento necesario en el contexto del desarrollo futuro. Como sabemos, la Universidad necesita de un plan razonable de retiro para nuestros funcionarios, ante el cual nos encontramos impedidos por las regulaciones que se nos imponen y que evitan que podamos disponer de nuestros propios recursos para tal efecto. Al respecto, he pedido al señor Prorrector que encabece una iniciativa para tener un diagnóstico y una propuesta viable en la materia, en un plazo que no exceda el próximo mes de marzo. Al mismo tiempo, insistiremos en nuestra solicitud al Gobierno para que se nos faculte legalmente para que el Servicio de Bienestar del Personal pueda cancelar montos de complemento a las pensiones que reciba el personal que se retire, adoptando así el modelo que ha propuesto la Comisión Normativa Transitoria. Finalmente, como haré explicito al final de esta cuenta, estamos solicitando al Gobierno un monto de recursos que, como préstamo sobre nuestro flujo futuro, permita emprender un programa de retiros y jubilaciones con estímulos reales, y que facilite el que la Universidad encuentre un camino viable y consensuado para ajustar las plantas y su situación de personal.

Desarrollos recientes

No puedo dejar de mencionar en esta cuenta los lamentables denuncios que conciernen a la Universidad en cuanto a la investigación de contratos y actividades llevadas a cabo con el Ministerio de Obras Públicas. Como he informado oportunamente a la comunidad universitaria, se investiga una serie de contratos efectuados por diversas unidades académicas con distintas reparticiones públicas y que están bajo sospecha de haber constituido, más bien, un mecanismo para pagar sobresueldos de funcionarios de aquellos mismos organismos. En muchos casos, debe considerarse que la contratación de estudios o trabajos por parte de la Universidad requirieron efectivamente la legítima contratación fuera de horario de personal de las reparticiones contratantes. En otros casos, la Universidad fue una simple administradora de fondos de terceros, que de acuerdo a la legalidad entrega a la Universidad la responsabilidad por las contrataciones y los pagos, mientras que el cumplimiento de los trabajos es supervisado por los organismos contratantes. Existe también, sin embargo, la presunción que algunos contratos podrían haber sido diseñados para que retornaran recursos a las instituciones contratantes sobre la base de presupuestos excedidos, cuestión que se encuentra en investigación especialmente debido a sus complejos y delicados alcances. En cualquier caso, la institución y sus autoridades nos hemos puesto a disposición para colaborar plenamente con los procesos de investigación en curso, en el ánimo de lograr el total esclarecimiento de los hechos. Esto incluye la total colaboración con los procedimientos a cargo de la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes han sido siempre totalmente acatados por parte de la institución. No obstante, es menester señalar que nuestra Universidad ha cumplido con todos los elementos de control administrativo y legal establecido en el orden interno, especialmente en cuanto a evitar un mal uso de los recursos y a garantizar el pleno cumplimiento de los compromisos que adquieren las distintas unidades académicas.

Pero la prensa ha tratado injusta e interesadamente sobre este problema. Se ha tratado de insinuar que un problema acotado en sus alcances administrativos y organizacionales, afecta a la institución toda, rodeada –de acuerdo a la visión de los medios– por los intereses de contrataciones con el sector público que significan la mayor parte de los ingresos propios de la institución. Como he señalado, esto no es así. Ni existe el problema generalizado que se ha indicado, ni tampoco los contratos con organismos públicos son parte mayoritaria de nuestro financiamiento. Aquí prima por parte de algunos medios el claro interés por afectar la imagen de la Universidad, del mismo modo como se pretendió en el pasado destruirla del punto de vista financiero y académico. Pero no serán exitosos en ese camino: durante el presente año calendario y a pesar de esos esfuerzos sensacionalistas de la prensa, nuestra Universidad ha visto incrementado su éxito en materias académicas, como asimismo en cuanto al acceso a financiamiento privado y postulaciones a nuestros programas de postítulo y posgrado. Y con toda seguridad, el próximo año volveremos a atraer los mejores estudiantes de la enseñanza media a nuestras aulas. La inexactitud, la falsificación de hechos, la composición selectiva de eventos, y el sesgo intencionado en la información, ha puesto de relieve toda la animosidad que existe de parte de ciertos sectores contra la Universidad de Chile y lo que ella representa para la República y el pensamiento libre y amplio. En lo personal me siento distinguido al ser atacado, porque eso se hace por lo que representa esta institución, pero sobre todo porque me doy cuenta perfectamente que todas esas acciones no tienen ninguna efectividad, puesto que siempre ha de prevalecer la verdad, cuando existen las fortalezas y, como en nuestro caso, siempre el compromiso con la justicia. Me alegro mucho de que nuestro nuevo Instituto de las Comunicaciones haya ya iniciado una investigación para mostrar cómo la prensa ha informado malintencionadamente sobre estos desarrollos, y cómo ello parece responder a intereses superiores y poderosos, pero que finalmente se estrellan contra la fortaleza moral e intelectual que esta institución ha mantenido a lo largo de su historia.

Yo llamo a la comunidad universitaria a observar estos acontecimientos con un prisma objetivo. Si se encuentran irregularidades o ilícitos, ello será penado como corresponda, y una vez que se concluya la debida investigación a través de las instituciones y los procedimientos adecuados. Pero debe resultar meridianamente claro que esta institución, en medio de sus necesidades de recursos y de las reglas que le han impuesto para sobrevivir con relativa dignidad, nunca ha estado organizada ni predispuesta para llevar a cabo actos ilícitos. Ha llegado el tiempo de tener la serenidad para juzgar con cuidado los hechos, establecer la verdad y hacer justicia en un sentido profundo, sin olvidar que tenemos que solicitar enérgicamente al Estado una definición respecto del status de nuestra Universidad, especialmente en cuanto al acceso de adecuado financiamiento público o, en el otro extremo, la aplicación de una normativa que efectivamente dé cuenta de nuestra situación con subsidio parcial del Estado y gran actividad generadora de ingreso como privados. Estamos llamando al Estado chileno a que defina cuál es la misión de nuestra Universidad, cuáles son los resultados que se esperan de ella, y en forma consonante exigir una fórmula de financiamiento satisfactoria.

Los desafíos de política

Los desarrollos prevalecientes en materia de política universitaria llaman a que nuestra Universidad contribuya a que se produzca un cambio que Chile necesita para hacer madurar adecuadamente su sistema de educación superior. Es innegable que el progreso del país y sus ansias de desarrollo requieren de un sistema de educación superior capaz de producir el conocimiento necesario para lograr los sueños materiales y sociales. Nuestra preocupación radica en que existe una visión de política que no hace necesariamente compatible el desarrollo universitario de calidad en investigación y formación, con los requerimientos del desarrollo económico nacional. La autoridad parece conformarse, más bien, con cifras de cobertura que, en su sentido estricto, no hacen más que demostrar la grave situación de expansión insostenible que el sistema está alimentando, y la forma sistemática en que estos propios desarrollos tienden a destruir al sistema universitario capaz, efectivamente, de contribuir al proceso formativo y de investigación de excelencia que Chile necesita en su camino al futuro.

Es lamentable que en la última década no haya tenido lugar ningún cambio sustantivo con respecto a las políticas que orientan el desarrollo de la educación superior chilena. Estamos bajo un régimen generado hace más de veinte años, en condiciones políticas, económicas y de relaciones con el medio externo y el productivo, completamente disímiles de las que prevalecieron en aquel entonces. Hace veinte años el problema fundamental era el de permitir una mayor expansión en la cobertura del sistema universitario. Era también un problema consistente el ampliar la base formativa que provee la educación técnica superior, para así corregir un grave defecto en la composición de nuestra oferta profesional y técnica. La expansión de la educación universitaria se dio sobre la base exclusiva de un sistema caracterizado por débiles regulaciones y solamente afincado en la búsqueda de la ganancia financiera, permitiéndose con ello un crecimiento cuantitativo importante que la autoridad educacional aprecia como aspecto decisivo, cuando en realidad no se ha avanzado en asegurar calidad ni en establecer reglas que permitan evitar desajustes significativos en la oferta de las variadas profesiones. Por otra parte, la expansión de la educación técnica se ha mantenido en niveles insatisfactorios, especialmente porque la oferta universitaria se ha hecho más atractiva y no han existido instrumentos correctores por parte de la política pública.

Creo no ser injusto al afirmar que la oferta profesional del sistema universitario ha decaído significativamente en calidad. Este proceso ha ido aparejado con la existencia de una expansión poco sustantiva de la oferta de carreras, que no ha contado con la adecuada inversión en formación académica ni en el desarrollo de tecnologías educacionales o en la formación de una base adecuada de laboratorios y experimentación. El sistema universitario se ha ido expandiendo sobre la base de carreras de bajo costo, donde domina la presencia de profesores por horas de clases, y en que el marketing ha ido desplazando en forma categórica al examen de resultados y a la seriedad con que debe desarrollarse la actividad formativa. La investigación universitaria tampoco se ha expandido en forma proporcional al desarrollo de la cobertura, indicando que se ha dado énfasis absoluto a entidades docentes que en su mayoría reproducen programas y estrategias formativas sólo en la expectativa de generar ganancias a corto plazo. La información de que disponen las familias, por otra parte, con relación a variables como solidez académica, perspectivas de empleo, inversión en infraestructura académica, etc., no está disponible, ni existe mecanismo para establecer la obligación de informar adecuadamente para una decisión socialmente tan importante. Hay, además, ausencia de recursos para implementar los programas que innoven efectivamente en la enseñanza de pregrado, y permitan que el país se inserte propiamente en el concierto internacional en materia productiva y de comercio.

Hemos sostenido que el sistema necesita un mecanismo de acreditación que establezca parámetros firmes para calificar la calidad de las instituciones y de las carreras que ofrecen. Las propuestas que se han formulado a este respecto no son del todo satisfactorias para garantizar un sistema transparente y efectivo. En todo caso, tales propuestas han ido muy por detrás de los hechos que rodean al desarrollo cuantitativo del sistema, y se hará cada vez más difícil imponerlo como una necesidad de país que debe estar por sobre los intereses corporativos y financieros. También hemos sostenido que se precisa de una Superintendencia de Educación Superior, que sea el organismo independiente y técnico que establezca las normas a cumplir, entregue las señales de los estándares que se espera a las instituciones, proporcione información a las familias y se haga cargo de un sistema de acreditación. Asimismo, hemos propuesto que sean las universidades que reciben recursos del Estado las primeras en acreditarse en un sistema que obligue a corregir los múltiples defectos que prevalecen al interior del llamado sistema tradicional.

Al mismo tiempo que este desarrollo cuantitativo ha sido favorecido abiertamente, se ha tendido a castigar la producción académica de calidad. Por una parte, porque los recursos para investigación no han crecido de la manera que se había previsto, ni se han cambiado reglas que necesitan una visión distinta acerca de las condiciones en que debe darse la competencia por proyectos. La iniciativa del mecesup, que desafortunadamente se descontinúa este año, ha servido para apoyar el desarrollo de la modernización académica, aunque el énfasis se puso sobremanera en el aumento o mejoramiento de la infraestructura física. Sería conveniente para el país que se evaluara efectivamente el impacto que este programa ha tenido sobre la calidad de la docencia universitaria, que era el objetivo último que se buscaba. Así, no han existido incentivos apropiados para el desarrollo de la mejor docencia en las universidades que están dotadas para hacerlo en términos de infraestructura humana y física. Más aún, al existir limitantes severas sobre la disponibilidad de crédito universitario, al obligarse a las universidades estatales a conservar los aranceles muy por debajo del costo real de la docencia, y al incentivarse el desarrollo de crédito para instituciones que no están acreditadas y sobre las que no existe información acerca del contenido académico formativo, se ha impuesto una especie de castigo adicional sobre las universidades complejas y que hacen un esfuerzo por producir docencia de la mayor calidad.

La asignación de crédito universitario, por otra parte, se basa en parámetros absolutamente irreales desde el punto de vista de la situación socioeconómica de los estudiantes. Para ser elegible para un crédito de 100% el estudiante debe ser prácticamente un indigente, siendo poco factible que logre éxito en su desempeño universitario por sus otras situaciones de carencia que no son atendidas por medio de un sistema de ayuda solidaria. En nuestra Universidad hay una cantidad importante de estudiantes que tienen crédito parcial o que simplemente no lo tienen por las deficiencias de oferta, y que se encuentran, en consecuencia, en absoluta desventaja para desarrollar sus estudios, e impedidos, las más de las veces, de completarlos adecuadamente. Existe, en consecuencia, y como lo hemos sostenido en oportunidades anteriores, una carga de desigualdad que se suma a la ineficiencia que en graves aspectos presenta el sistema de educación superior de nuestro país.

En un plano más específico, deseo manifestar lo que encuentro es una crisis fundamental para la Universidad de Chile en las actuales condiciones, y que requiere decisiones superiores para su adecuado tratamiento. La institución debe generar más de tres cuartas partes de su presupuesto, y un poco más de 40% con ventas de servicios e ingresos propios. Ello la ha convertido, de hecho, en una institución privada a la cual, sin embargo, se le aplican las mismas reglas prevalecientes cuando la institución recibía todos sus recursos directamente del Estado. Existe aquí una primera incongruencia, que es fuente de muchos conflictos y problemas, especialmente porque estos mismos criterios no se aplican en muchas instituciones con las cuales competimos por recursos e ingresos propios. Pero en forma más sustantiva, la cuestión es que se ha desfigurado progresivamente el ser institucional: de una universidad nacional y pública que debemos ser, hemos ido derivando a una universidad privada con aporte estatal, como tantas otras que, sin embargo, tienen reglas y condiciones muy diferentes para subsistir y enfrentar a la propia Universidad de Chile.

La Universidad de Chile ha llegado a una situación límite en materia de las contradicciones que le imponen las reglas vigentes y los sistemas de financiamiento. Lo público y nacional empieza a dejarse de lado en forma ostensible, mientras que el camino del autofinanciamiento se topa crecientemente con regulaciones que se nos aplican en el ánimo de constituir una institución nacional y pública. Creo que es indispensable volver a un escenario de financiamiento público que se corresponda con el carácter público y estatal de esta institución. Creo que ya no es más viable el seguir sufriendo año a año las humillaciones cuando debemos defender nuestros recursos, y somos inclusos descalificados públicamente por autoridades de gobierno. Por esa razón hemos solicitado al señor Ministro de Educación una discusión amplia sobre este tema, que incumbe, por lo demás, a todo el mundo de las universidades del Estado.

El señor Ministro ha accedido y ha conformado un grupo de trabajo que incluye al Parlamento, al Ministerio de Educación y la Universidad de Chile. Ciertamente, una de las preguntas concierne al rol que se le asigna a la Universidad de Chile, acorde a su misión y a su tradición, en la realidad actual. Asimismo, el tema compete a los mecanismos por medio de los cuales la Universidad debe dar cuenta acerca del uso de los recursos y el logro de resultados, en una definición estratégica que conforme la Universidad que se espera para el bicentenario y de allí en adelante. Finalmente , la discusión tiene que ver con las necesidades presupuestarias más urgentes de la Universidad de Chile y las fórmulas más adecuadas para que nuevos instrumentos de financiamiento permitan a la institución conformar su desarrollo estratégico en la línea de una Universidad nacional y pública con beneficio importante para el país en materia de investigación, de formación profesional y de posgrado y de extensión.

Con el objeto de abordar estas problemáticas y de efectuar una propuesta específica al grupo de trabajo creado por el Sr. Ministro de Educación, la Rectoría convocó a un grupo de trabajo amplio, conformado por Decanos, miembros del Senado Académico, autoridades centrales, además de representantes de los estamentos no académico y estudiantil. Esta cuenta esperó la finalización de ese trabajo al que asignamos la mayor importancia, para así darlo a conocer el día de hoy como documento oficial de la institución, en el contexto de una propuesta de trabajo para que el Estado chileno aborde los problemas de nuestra Universidad de Chile. Queremos que este documento y sus propuestas se conviertan en el centro de la discusión en materia universitaria, no obstante permanecen otros diferentes y fundamentales problemas; como Universidad exigimos que cambie el tratamiento del Estado hacia nosotros y que se definan reglas que sean congruentes con nuestra tradición y misión en la sociedad chilena. Nuestras demandas incluyen la promulgación del nuevo Estatuto de la Universidad, el que ya ha sido acordado se tratará como un caso diferente del que corresponde al resto de las universidades estatales. Sin embargo, poco significará el nuevo ordenamiento legal de la Universidad si no existe voluntad para introducir los cambios que en materia de vinculación con el Estado y financiamiento de nuestras funciones correspondan a la universidad pública que deseamos encarnar en el siglo XXI. Queremos que el Bicentenario de la República encuentre a Chile con un sistema de educación superior maduro y de calidad, en forma consonante con las demás metas que como nación nos planteamos, y que se constituya en forma efectiva la universidad pública, nacional y de excelencia que se necesitará para el éxito continuo en las tareas que el país se imponga.

Llamo a la comunidad universitaria a mantenerse unida, firme, convencida, respecto de que estamos haciendo lo correcto para asegurar el mejor futuro a la institución. Llamo a estudiar nuestra propuesta hacia el Estado, para que en forma cohesionada podamos defenderla en todas las instancias pertinentes, y seamos así capaces de provocar las condiciones necesarias para la adecuada resolución en las instancias debidas. Llamo a mantener la convicción de que hemos avanzado en terreno concreto para mantenernos en el liderazgo del sistema, y que en estos momentos es más importante que nunca reforzar nuestras convicciones de constituir una verdadera Universidad nacional y pública, desarrollada en medio de una excelencia que estamos reforzando y que permitirá nuestro crecimiento en medio de nuestra diversidad. Llamo a Chile a apoyar a la Universidad de Chile, base del desarrollo de nuestra República, fuente del pensamiento libre y depositaria de la tarea de pensar a Chile y su futuro. Llamo finalmente a que esta cuenta no sea un motivo sino para seguir impulsando con fuerza mayor el gran proyecto de una Universidad de Chile... para Chile.